Aquí doy algunas razones de por que es un excelente momento para invertir en remates judiciales en Costa Rica:
1. NUEVA LEY DE COBRO JUDICIAL
El 20 de noviembre de 2007, se voto en la Asamblea Legislativa la nueva Ley de Cobro Judicial la cual comenzó a regir seis meses después, es decir a partir del 20 de mayo de este año.
Esta legislación propone un nuevo procedimiento mucho más efectivo y ágil para cobrar a los morosos. Además debido a que la bonanza de bajo desempleo, bajas tasas de interés, dólares baratos, fácil acceso al crédito bajas terminó, el empleo y los ingresos crecen menos, las tasas de interés van al alza y se restringieron las posibilidades de crédito, es posible la cantidad de deudores en problemas aumenten como nunca antes.
Ahora, tras la demanda se le tramita al moroso un autointimatorio en el que se le indica el monto que debe pagar, a la vez que se le brindan 15 días para oponerse. Si este no lo hace o se opone sin fundamentos, el auto-intimatorio adquiere el carácter de sentencia y en cuestión de semanas se puede embargar el salario o rematar las propiedades del deudor. Si el moroso presenta una oposición fundamentada, los jueces llaman a las partes a una audiencia, analizan las pruebas y en el acto dictan sentencia. La duración máxima del proceso sería de tres a cuatro meses.
Los cobros judiciales inclusive abatirán los talones a quienes tengan deudas pendientes con municipalidades, financieras, bancos o con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La tecnología ha pasado a ser una protagonista, por ejemplo, los jueces antes debían mandar un oficio al Registro Público o a un banco para pedir que embarguen un bien o cuenta bancaria, pero ahora lo realizan vía electrónica.
También se han creado los Juzgados Especializados de Cobro Judicial. Actualmente solo hay dos; no obstante, en el futuro se planea abrir más, prioritariamente en las cabeceras de provincia. Uno de los que funciona se ubica en San José, el cual tramita los cobros judiciales privados, mientras que en Goicoechea se ven los relacionados con el sector público. En cada juzgado laboran tres jueces y siete auxiliares. En San José se espera tramitar 4.000 expedientes al mes, mientras en Goicoechea 5.000. Ambos resolverán casos sin importar los montos de la deuda.
Las municipalidades aprovecharán la nueva Ley de Cobro Judicial para acelerar el embargo y remate de propiedades a contribuyentes morosos, entre ellas se encuentran la de Alajuela, Desamparados y la de San José que esta en proceso de capacitación de funcionarios encargados de este tema.
Lo importante de estas acciones es que los contribuyentes morosos podrían perder en tres meses sus fincas, casas o locales comerciales por no pagar a tiempo sus impuestos sobre bienes inmuebles, servicios municipales y patentes.
La primera en advertir que recurrirá a la Ley de Cobro Judicial fue la Municipalidad de Desamparados, quien emitió un comunicado de prensa en la que indica que trabajará en recuperar las cuentas por concepto de deudas tributarias por remate judicial. La alcaldesa, Joyce Zürcher, detalló que en ese cantón hay una incapacidad de cobro de ¢3.600 millones e indicó que contrataron abogados externos para aplicar la nueva Ley de Cobro Judicial.
El 20 de noviembre de 2007, se voto en la Asamblea Legislativa la nueva Ley de Cobro Judicial la cual comenzó a regir seis meses después, es decir a partir del 20 de mayo de este año.
Esta legislación propone un nuevo procedimiento mucho más efectivo y ágil para cobrar a los morosos. Además debido a que la bonanza de bajo desempleo, bajas tasas de interés, dólares baratos, fácil acceso al crédito bajas terminó, el empleo y los ingresos crecen menos, las tasas de interés van al alza y se restringieron las posibilidades de crédito, es posible la cantidad de deudores en problemas aumenten como nunca antes.
Ahora, tras la demanda se le tramita al moroso un autointimatorio en el que se le indica el monto que debe pagar, a la vez que se le brindan 15 días para oponerse. Si este no lo hace o se opone sin fundamentos, el auto-intimatorio adquiere el carácter de sentencia y en cuestión de semanas se puede embargar el salario o rematar las propiedades del deudor. Si el moroso presenta una oposición fundamentada, los jueces llaman a las partes a una audiencia, analizan las pruebas y en el acto dictan sentencia. La duración máxima del proceso sería de tres a cuatro meses.
Los cobros judiciales inclusive abatirán los talones a quienes tengan deudas pendientes con municipalidades, financieras, bancos o con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La tecnología ha pasado a ser una protagonista, por ejemplo, los jueces antes debían mandar un oficio al Registro Público o a un banco para pedir que embarguen un bien o cuenta bancaria, pero ahora lo realizan vía electrónica.
También se han creado los Juzgados Especializados de Cobro Judicial. Actualmente solo hay dos; no obstante, en el futuro se planea abrir más, prioritariamente en las cabeceras de provincia. Uno de los que funciona se ubica en San José, el cual tramita los cobros judiciales privados, mientras que en Goicoechea se ven los relacionados con el sector público. En cada juzgado laboran tres jueces y siete auxiliares. En San José se espera tramitar 4.000 expedientes al mes, mientras en Goicoechea 5.000. Ambos resolverán casos sin importar los montos de la deuda.
Las municipalidades aprovecharán la nueva Ley de Cobro Judicial para acelerar el embargo y remate de propiedades a contribuyentes morosos, entre ellas se encuentran la de Alajuela, Desamparados y la de San José que esta en proceso de capacitación de funcionarios encargados de este tema.
Lo importante de estas acciones es que los contribuyentes morosos podrían perder en tres meses sus fincas, casas o locales comerciales por no pagar a tiempo sus impuestos sobre bienes inmuebles, servicios municipales y patentes.
La primera en advertir que recurrirá a la Ley de Cobro Judicial fue la Municipalidad de Desamparados, quien emitió un comunicado de prensa en la que indica que trabajará en recuperar las cuentas por concepto de deudas tributarias por remate judicial. La alcaldesa, Joyce Zürcher, detalló que en ese cantón hay una incapacidad de cobro de ¢3.600 millones e indicó que contrataron abogados externos para aplicar la nueva Ley de Cobro Judicial.
